La superintendencia nacional de fiscalización laboral SUNAFIL como sabemos desde el año pasado a empezado a realizar sus labores de fiscalización y organización de sus funciones en materia laboral y así mismo según la ley sobre la cual fue fundada “LEY 29981” establece sus parámetros y su cobertura de fiscalización a nivel del tipo de empresas siendo así que en su artículo 3 indica claramente que las empresas que estén bajo el régimen de MICROEMPRESAS seguirán siendo fiscalizadas por el MINISTERIO DE TRABAJO bajo la supervisión de los gobiernos regionales. Lo cual en la práctica tuvo un desfase sin precedentes.
Según la nueva ley de la REMYPE LEY 28015 indica que ya no es requisito necesario el tope de trabajadores de para asignar el tipo de empresa a la que pueden estar supeditados las micro y pequeñas empresas tan solo serán medidas por el volumen de ventas netas.
Así tenemos entonces que las grandes empresas y las pequeñas empresas estarán bajo la supervisión de la SUNAFIL. En cambio ocurre aquí lo ambiguo de las leyes, “para la SUNAFIL no es escapa de su jurisdicción las microempresas que cuentes con más de 10 trabajadores”.
En este sentido podemos ver un error en la LEY 29981 ya que la SUNAFIL tiene un ámbito de competencia que se rige NO AL TIPO DE EMPRESA sino a la cantidad de trabajadores que se encuentren en ella estén o no registrados el régimen laboral o tributario que exista.
Siendo así solo podemos decir que el poder que tiene este organismo público no tiene límites y que ninguna empresa se salvara de ser multada salvo aquellas que cumplan con todos los niveles socio laborales óptimos y adecuados según el tipo de actividades que realicen, es decir o bien sacrifican sus márgenes y rentabilidad empresarial para estar en línea o esperar una multa que puede llevar a la bancarrota a muchas empresas en especial a la micro y pequeñas empresas que inician o tienen capitales y rentabilidad escasa.
Y es por este motivo por el que se crea la ley 30288 más conocida como “LA LEY PULPIN”